Promoción industrial: fuerte reacción en provincias afectadas

Ante el inminente final de la promoción industrial que beneficia con exenciones impositivas a cuatro provincias, por algo más de ocho mil millones de pesos al año, que resignan otras provincias que, a su vez, ven como las industrias no se asientan en sus territorios atraídos por esas desgravaciones en IVA y Ganancias, no sólo los gobiernos de esos distritos, sino también los gremios avanzan en la organización de medidas de fuerza para reclamar la implementación del decreto presidencial 699, de mayo de 2010 (que amplía esa prerrogativa por 15 años) , que no entró en vigencia porque no fue reglamentado.

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, dio cuenta que habrá algún tipo de asistencia financiera para la industria de su provincia que dejarán de percibir las exenciones de impuestos a fin de proteger el empleo. Ese fue el compromiso asumido ante autoridades de la Unión Industrial de Catamarca.

Las autoridades de ese distrito, más las de La Rioja, San Juan y San Luis, trabajan unificadamente para obtener la extensión del plazo de la promoción y permitir que nuevas empresas se incorporen al régimen. El argumento de los gobernantes provinciales afectados es el mismo que, por ejemplo, emplean los de La Pampa, a la hora de demandar una atención especial para compensar la distancia que hay hasta los puertos y los grandes centros poblados del país.

En La Rioja, la CGT local trabaja junto a la Unión Industrial riojana y se movilizarán el 18 de este mes para pedir la continuidad del régimen, incluso podrían sumarse a la marcha del 19 en Plaza de Mayo, convocada por Hugo Moyano y Pablo Micheli.
"Nos preocupa que Nación no cumpla con la sentencia de la Justicia Federal que ordena la aplicación del decreto (con la prórroga por 15 años de la promoción industrial", afirmó el cegetista riojano Jorge Reynoso, quien acotó que el líder de la central obrera (el camionero Moyano) apoya el reclamo.

En el medio de este panorama, las provincias promocionadas pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la prórroga del proceso de conciliación que mantienen con el gobierno nacional en causas vinculadas con la reexpresión de bonos fiscales de la promoción industrial.

El tema está en la justicia e implica el riesgo de que cientos de empresas radicadas en las cuatro provincias promocionadas deban cerrar sus puertas, a raíz de las demandas que pesan sobre ellas por parte de la AFIP. Para dar una dimensión de lo que implicaría una sentencia contraria, en San Luis son más de 100 las empresas que se verían seriamente afectadas frente al descuento de los bonos fiscales.

El conflicto surgió en 2002, devaluación de por medio, que dejó sin sustento esa herramienta que tenían las firmas promocionadas, ya que los beneficios no acompañaron el aumento de precios que experimentó luego la economía. Frente a esto, las empresas presentaron medidas judiciales y se adecuaron los beneficios. La AFIP aceptó los pedidos, pero luego realizó una apelación que espera el fallo de la Corte Suprema.

Al respecto, el legislador riojano Jorge Yoma cuestionó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por no haber reglamentado el decreto que prorroga la promoción: "Es insólito, pasaron dos años y medio y nunca pudimos hacer que la presidenta cumpla con su propio decreto. Creo que en las áreas de Industria y Economía (de Nación) estamos frente a un grupo de mentirosos o de ineptos que no conoce parangón en la historia", afirmó el diputado nacional. (LA ARENA)