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Ofensiva oficialista: denuncia penal contra el ex intendente Sergio Guardia

<p>La gestión de la intendenta Gloria Petrino acusa a su predecesor, Sergio Guardia, de malversar caudales, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes públicos.</p></p>
miércoles 23 de mayo de 2012
Ofensiva oficialista: denuncia penal contra el ex intendente Sergio Guardia

Aunque lleva casi seis meses alejado del cargo de intendente de Merlo, Sergio Guardia deberá enfrentar otra investigación por su desempeño como funcionario público. La actual jefa comunal Gloria Petrino formalizó ayer una denuncia penal contra su antecesor por presuntos delitos que van de malversación de caudales, a abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La presentación se efectuó en la Justicia del Crimen de Concarán y detalla millonarios faltantes y maniobras sospechosas que involucran a una empresa de la zona.

El abogado Gonzalo Estrada, apoderado de la intendenta, presentó la múltiple denuncia cumpliendo el anuncio que Petrino lanzara en marzo durante la apertura de sesiones, donde realizó un detalle exhaustivo de las irregularidades que encontró al recibir el Municipio y que llevaron a declarar la emergencia económica.

"Teníamos la necesidad de poner un punto final a lo que fue y mirar hacia adelante. Cuando se finaliza un período, no se puede comprometer al siguiente si no se tienen previstos los recursos", resumió, poniendo el foco en uno de los cuatro puntos en que se divide la acusación: la disparidad entre el acta de traspaso (firmada con reservas el 9 de diciembre) y el estado real de las finanzas al contrastar con los saldos de los bancos. Según el escrito elevado a Tribunales, la cifra "arroja la escalofriante suma de pesos un millón ciento noventa mil setecientos un pesos con noventa centavos librados en cheques de pagos diferidos".

Incumplimiento de las leyes de contabilidad, control público y administración son algunas de las faltas que se le endilgan a Guardia por haber librado cheques durante el segundo semestre de 2011 para ser cobrados en 2012, excediendo del "marco temporal del presupuesto" y condicionando la gestión siguiente. Dicha conducta se describe penalmente como abuso de autoridad. (Fuente:eldiariodelarepublica)

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